En manifestación, Gendarmería disparó contra periodista radial

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expresó su solidaridad con la periodista de Caleta Olivia, Adela Gómez, quien ayer resultó herida de dos disparos de bala de goma en una de sus piernas, efectuados por la Gendarmería que reprimió una manifestación de trabajadores petroleros que mantienen cortada la ruta provincial Nº 3, en las afueras de la zona norte de la ciudad.
Periodista de la emisora radial FM XXI, al momento de ser herida Adela estaba realizando una entrevista en directo a uno de los manifestantes. El problema se originó cuando la Gendarmería decidió liberar la ruta que desde hace 22 días mantienen cortada los trabajadores de la empresa Empasa, a fin de posibilitar el paso de unos cuatrocientos militantes que se dirigían hacia la ciudad de Río Gallegos para participar de un acto polìtico donde el presidente Kirchner presentaba a sus candidatos para las elecciones de octubre.
La periodista fue trasladada al Hospital Distrital para su atención; fue dada de alta y se repone en su domicilio. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ordenó la identificación e inmediata separación de su cargo del gendarme que disparó contra ella.

Diputados convirtió en Ley el proyecto de adhesión al Estatuto del Periodista

La Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes convirtió en Ley el proyecto de adhesión al Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908).
La medida fue adoptada por el voto unánime de los componentes del cuerpo, que se expidieron en el mismo sentido en que lo habían hecho anteriormente los miembros del senado provincial.
El Poder Legislativo dio de esta manera una respuesta positiva a una iniciativa presentada por la Asociación de Periodistas de Corrientes, que con el respaldo de la FATPREN busca apoyo legal para combatir el trabajo en negro y la evasión a los aportes sociales, que en esa provincia y en el ámbito de la prensa, es el más alto del país.
La medida fue celebrada por los trabajadores de diarios, radios, canales de televisión y de medios digitales de Corrientes, que en numerosas oportunidades acompañaron al gremio en las reuniones con los componentes de los distintos bloques parlamentarios, y en el seguimiento de las distintas sesiones legislativas, buscando el instrumento que finalmente se logró.
Merece destacarse los fundamentos de la nueva Ley que expresa lo siguiente:
“Desde el año 1.946, la República Argentina cuenta con la Ley 12.908 que contiene el Estatuto del Periodista Profesional, por cuyo conducto se ordena y regula la actividad de los periodistas de la Argentina
El Estatuto regula asimismo el otorgamiento del carnet de periodista profesional, que habilita para el desempeño de la profesión, y en función protectoria, prevé bajo determinadas condiciones que las empresas cumplan con las leyes sociales para acceder a la publicidad oficial.
Dichas condiciones están contempladas en el artículo 64º de la citada Ley 12.908, donde se indica que cada provincia deberá adherirse expresamente al mencionado artículo, para la aplicación en su correspondiente jurisdicción. Existen varias provincias que se han adherido a la misma. En Corrientes, según consta en los archivos parlamentarios, nunca ingresó proyecto alusivo a esta temática.
Es conocida por todos la difícil situación por la que atraviesan muchos trabajadores de prensa de la provincia, especialmente los jóvenes, ante las reiteradas faltas de reconocimiento de sus derechos laborales y sociales, estado que llevó a su entidad representativa, la Asociación de Periodistas de Corrientes, a peticionar ante el Poder Legislativo la sanción de una Ley Provincial que de algún modo ayude a corregir con firmeza la mencionada irregularidad.
Si la publicidad oficial es entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población; un canal por donde difundir políticas, programas, servicios, y promover el cumplimiento de los deberes ciudadanos, resulta de estricta justicia que los empresarios beneficiados con el otorgamiento de la misma, no estén exentos de cumplir con las obligaciones sociales que tienen con sus trabajadores.
Lo que intenta esta Ley es establecer un nuevo sostén de justicia social para los trabajadores de la prensa correntinos, ayudando a consolidar el marco de legitimidad para el ejercicio de la profesión”.
La FATPREN saludó la aprobación de la Ley y anunció el diseño de una campaña con los sindicatos de prensa del país, para lograr que todos los poderes legislativos provinciales se adhieran a la Ley 12.908, siguiendo el camino impulsado primero por el Sindicato de Prensa de Río Grande y ahora por el de Corrientes.

El diario El Sureño aplicó la escala acordada entre FATPREN y ADIRA

La empresa FAGON SRL –diario El Sureño- comenzó esta semana a aplicar la escala acordada entre FATPREN y ADIRA, tras haber firmado en agosto pasado el acuerdo de encuadre del personal en las categorías previstas en el Estatuto del Periodista Profesional, en audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo.
La secretaria general de la filial Río Grande, y representante de FATPREN en la provincia, Fabiana Orqueda, indicó que son 24 los trabajadores en relación de dependencia en esta empresa, a quienes se les reconoció la función que venían realizando, ya sea de cronistas, diagramadores, correctores, jefes de sección, administrativos de empresas periodísticas, etc., e incluso se aplicó para los cuatro empleados de imprenta la escala salarial del convenio colectivo nacional que los contempla.
Orqueda indicó que está prevista para esta tarde a las 20:00 una asamblea con los trabajadores del diario, para revisar recibo por recibo y asesorar respecto de la liquidación efectuada, como también de los beneficios que trae aparejados el encuadre legal en prensa y la obra social. La aplicación de la escala implicó un aumento que en muchos casos superó el doble de las remuneraciones que venían percibiendo los trabajadores mientras permanecieron encuadrados como empleados de comercio, con una mejora también en el pago de antigüedad.
Con respecto al resto de los medios gráficos de la provincia, alcanzados por esta escala de emergencia, la dirigente indicó que fueron citados a la Secretaría de Trabajo en Río Grande y se les explicó la importancia de comenzar a aplicar esta escala, puesto que es retroactiva al mes de abril de 2007. La misma recomendación fue enviada desde ADIRA, firmante con FATPREN en representación del sector empresario, ya que de no hacerlo seguirán acumulando deudas con los trabajadores. Sin embargo no hubo respuesta positiva ni de parte del diario Tiempo Fueguino ni de Provincia 23, donde se prevén otro tipo de acciones que se darán a conocer oportunamente.

El SIPREN demandó a la Secretaría de Medios por no informar sobre contratación de publicidad oficial

El Sindicato de Prensa de Río Grande, a través de su representante legal y secretaria general Fabiana Orqueda, con el patrocinio del abogado Osvaldo López, inició demanda contra la Secretaría de Medios e Información Pública del gobierno fueguino por no responder a reiterados pedidos de informe sobre contratación de publicidad oficial.
La negativa o falta de respuesta constituye una violación al derecho de acceso a la información contemplado en la ley 653, por lo cual el gremio accionó por la vía del amparo, con una presentación que fue ingresada en el mes de junio pasado. El magistrado de turno, Dr. Aníbal López Tilli, se había declarado incompetente y consideró que correspondía que entendiera en el tema el Superior Tribunal de Justicia, pero una presentación posterior del gremio revocó esta postura, y deberá resolver en la materia un juez de primera instancia, que corrió traslado a la demandada el 29 de agosto.
La jurisprudencia sobre amparos por violación al derecho de información es amplia y el antecedente más cercano en materia de información vinculada con contratación de publicidad oficial se registra en Neuquén, donde el sindicato de prensa acaba de obtener sentencia favorable que obliga al gobierno a brindar esta información.
Tanto el gremio neuquino como el riograndense son filiales de FATPREN y han incorporado a su agenda de trabajo la defensa del derecho de acceso a información para todos los ciudadanos, como también el reclamo de regulación de la contratación de publicidad oficial, sobre la base de los principios debatidos con la Asociación por los Derechos Civiles –ADC-, ahora con un fallo favorable de la Corte que, para los dirigentes, torna incuestionable la necesidad de establecer criterios claros.